Luis Hernández
Navarro, coordinador en el diario La
Jornada y colaborador en otros medios informativos, es ensayista,
columnista, periodista, sindicalista, activista magisterial, por supuesto egresado
normalista y simpatizante la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), ha asesorado organizaciones campesinas y en el proceso del EZLN en 1994. Es un compañero cuyas aportaciones, críticas
y reflexiones acerca del movimiento magisterial y popular son enteramente
interesantes y vigentes dentro del contexto actual de lucha de clases de
nuestro país y el mundo.
Su compromiso
con los movimientos populares es claro, así como su férrea crítica al sistema
económico y político que vive México, supeditado siempre a las políticas
económicas antipopulares que dicta la agenda del imperialismo y sus organismos
financieros internacionales.
Autor de
trabajos como: Chiapas: la guerra y la paz (1995), Sentido Contrario (2007),
Cero en conducta. Crónicas de la resistencia magisterial (2009), Siembra de concreto,
cosecha de ira (2011), No habrá recreo. Contra-reforma constitucional y
desobediencia magisterial. (2013) y La novena ola magisterial (2016)
Recientemente ha
publicado artículos donde realiza análisis importantes sobre la cada vez más
clara y creciente confrontación que se viene entre el “nuevo
gobierno” de la república, y el movimiento popular, particularmente por
cuanto hace a los megaproyectos de despojo y muerte que el imperialismo
pretende imponer a costa del despojo de tierras, territorios y desplazamiento
interno forzado de pueblos, que dicho sea de paso, se pretende garantizar con el
aparato represivo del régimen que recién estrena la llamada “Guardia Nacional” (cuarto cuerpo de
ejército reaccionario en la guerra contra el pueblo) y que sin duda, habrá de
toparse con la más férrea oposición por parte de comunidades agrarias, pueblos
originarios y ejidos, así como diversos movimientos que luchan por la tierra, incluidos
el EZLN y organizaciones como la nuestra.
Efectivamente,
la lucha que están desarrollando el campesinado pobre y los pueblos originarios
contra los megaproyectos de despojo y muerte, ha cobrado la vida de compañeros
y compañeras activistas en diversas entidades del país desde los pasados
sexenios, y ya con este “nuevo gobierno”
los asesinatos de los compañeros Samir Flores (20/02/2019) integrante del Frente
de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA)
y de Luis Armando Fuentes Aquino (11/04/2019) dirigente de la Corriente del
Pueblo Sol Rojo en el Istmo de Tehuantepec, así como la de al menos otros 26 más (https://www.sinembargo.mx/28-11-2019/3686279) dan cuenta de ello y todo apunta a
que la represión se verá recrudecida para imponer la agenda imperialista en
territorio nacional.
El día de ayer,
en el Diario La Jornada, el autor publicó su artículo denominado “Choque de trenes en el sureste mexicano”,
en dónde desmenuza datos importantes relativos al conflicto alrededor de los
megaproyectos “Proyecto Integral Morelos “(PIM),
“Tren Maya”, y “Corredor Interoceánico”, entre otros.
Con la
autorización expresa del autor hacia nuestra organización, queremos compartir
con nuestros lectores dicho artículo, el cual es un llamado a la reflexión, la
cual debe traducirse en organización y lucha en defensa de la tierra, contra el
latifundio y el imperialismo en su guerra jurada contra los pobres en el campo.
¡Donde
hay opresión, hay resistencia!*
Choque
de trenes en el sureste mexicano / Luis Hernández Navarro
Luis
Hernández Navarro | martes, 14 ene 2020 09:15
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| Consulta sobre el Tren Maya en Campeche, en imagen de archivo. Foto Lorenzo Chim |
Hace meses, en
mayo de 2019, los gobiernos federal y estatal inauguraron en el Istmo de
Tehuantepec el parque Energía Eólica del Sur y las subestaciones eléctricas
Arquitecto Ignacio Chávez y José Eduardo Ramírez Briseño. Entre protestas de
los pobladores, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, ofreció que la
administración federal respetará la voz de los pueblos originarios y que ningún
proyecto se realizará sin su aprobación.
En el Istmo se
han establecido 28 parques eólicos. Sin embargo, según los istmeños, allí se
paga la tarifa más alta de energía eléctrica. Magalí Sánchez Santiago denunció:
"Llevamos años en resistencia. Aquí
pagamos de 5 mil hasta 20 mil pesos, pese a que con los sismos de septiembre de
2017 muchas familias perdieron su hogar. Eso no es desarrollo. La inauguración
de Energía Eólica del Sur (filial de la japonesa Mitsubishi) no ha generado
beneficios para los pueblos de la región, sino sólo para los
inversionistas".
Apenas el pasado
fin de semana juchitecos que arriendan sus terrenos a la eólica ocuparon la
subestación Chávez López. Su vocero, Ramón Martínez Ruiz, denunció: “Nada de lo que nos prometieron se ha
cumplido. Nosotros entregamos nuestras tierras pensando que la empresa era
responsable, pero ya vemos que no. A nuestros hijos los siguen teniendo como
peones, sin basificación y sin prestaciones. A nosotros se nos adeudan pagos
desde 2018 a la fecha”, dijo (https://www.jornada.com.mx/2020/01/11/estados/024n2est). El proyecto estuvo
suspendido cuatro años por un amparo interpuesto contra la consulta organizada
por la compañía.
Lo sucedido
dista de ser un hecho aislado. Para los grandes inversionistas la resistencia
de los pueblos originarios a los megaproyectos es un verdadero dolor de cabeza.
Comunidades indígenas se han amparado contra grandes obras o impiden, en los
hechos, su terminación. Y, donde ya están en funcionamiento (como en el parque
Energía Eólica del Sur), hay protestas continuas.
La tribu yaqui
en Loma de Bácum (Sonora), el Consejo Regional de Pueblos Originarios en
Defensa del Territorio Puebla e Hidalgo y las comunidades náhuatl, en Puebla y
Morelos que rechazan al Proyecto Integral Morelos (PIM) resisten a los
gasoductos que atraviesan sus territorios. Desde hace años se ampararon
legalmente contra las obras. En varios momentos han puesto el cuerpo por
delante para suspenderlas. Hasta el momento lo han logrado ( https://piedepagina.mx/comunidades-afectadas-por-gasoductos-mantienen-oposicion-legal/
). Según la Sener, cinco gasoductos están suspendidos: Tuxpan-Tula, Tula-Villa de
Reyes, Villa de Reyes-Guadalajara, Samalayuca-Sásabe y La
Laguna-Aguascalientes.
De la mano de
estos megaproyectos, justificados en nombre del progreso (y ahora de la
soberanía energética), caminan el despojo, la contaminación y la pérdida de identidad,
territorio y de la vida misma.
De acuerdo con
la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la
Secretaría de Gobernación, hasta enero de 2018 se suscitaron 77 los casos en
los que la falta de consulta a los pueblos indígenas generaron conflictos
sociales y 33 juicios de amparo relacionados contra grandes obras: 25 proyectos
mineros, 13 eólicos, igual número de hidráulicos o hidroeléctricos, nueve
gasoductos, cuatro agroindustriales, tres petroleros, tres termoeléctricas, dos
ferroviarios, dos de infraestructura privada, un conjunto turístico y otro
inmobiliario. También el del aeropuerto internacional en Creel, finalmente
cancelado (bit.ly/2sn0mJo).
Lejos de
solucionarse o amainar esta problemática ha escalado con los megaproyectos
anunciados por la 4T. La decisión del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de resistir al Tren Maya, al
Corredor Interoceánico y al Proyecto Integral Morelos anticipan nuevos
conflictos.
La 4T no tiene
todas consigo. En su afán por echar a caminar esas grandes obras a cualquier
costo ha cometido graves errores. Según el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial de las Naciones Unidas existen "serios vacíos"
en las consultas que el gobierno mexicano realiza a pueblos indígenas sobre
proyectos de infraestructura. En la mayoría de los casos –señaló–, los procesos
en comunidades indígenas no se realizan de manera previa, no toman en cuenta
los usos y costumbres, y tampoco se proporciona información clara, precisa y
culturalmente adecuada. "Además, con frecuencia son llevados a cabo en
contextos de amenazas, criminalización y hostigamiento, perjudicando su
carácter libre".
La reciente "consulta" sobre el Tren Maya
en la que participó menos de 3 por ciento del padrón y se auscultó a las
autoridades ejidales (y no a las comunidades indígenas) fue severamente
criticada por la oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ONU-DH), pues no cumplió con los estándares
internacionales en la materia.
El rechazo
indígena a las grandes obras de infraestructura de la 4T, que tiene tras de sí
una larga historia, anticipa un inevitable choque de trenes en el sureste
mexicano. Los inversionistas privados saben lo que implica esta colisión.
Algunos de sus proyectos llevan años entrampados legalmente porque subestimaron
la resistencia de los pueblos originarios.
Twitter: @lhan55
Aclaración: *La introducción que antecede al artículo del
autor, refleja exclusivamente el criterio y opinión de nuestra organización, no
así la del columnista citado.