El pasado 7 de Diciembre,
aprovechando la confusión y la indignación cada vez más creciente contra la
aprobación de la Ley de Seguridad Interior, los representantes de la
aristocracia obrera en el senado de la república: Tereso Medina, de la
Confederación de Trabajadores de México (CTM), e Isaías González Cuevas, líder
de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), presentaron
una iniciativa a la que han bautizado
como “Reforma de Justicia Laboral”
que en esencia desmantela de facto los últimos derechos laborales y sindicales
que conservaba el proletariado y la clase trabajadora de México luego de las
múltiples contra-reformas que en materia de derecho del trabajo ha sufrido la
constitución federal y la propia Ley Federal del Trabajo (LFT), tomando en
consideración que también las reformas a las Leyes del IMSS e ISSSTE han
afectado de forma directa y tajante el derecho de jubilación y pensión de los
trabajadores de los apartados A y B.
Esta mal llamada “Reforma de Justicia Laboral” que el
senado pretende aprobar en lo oscurito, es quizá el más duro de los golpes que
haya recibido el derecho colectivo del trabajo al oficializar los contratos de
protección y el sindicalismo blanco (pro-patronal o de protección) y charro
(amarillo o burocrático) por encima de la contratación colectiva y el
sindicalismo democrático e independiente.
La contra-reforma contempla la
cancelación y desmantelamiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (las
cuales de por si, en la última reforma laboral burguesa se impuso su
desmantelamiento oficial, turnando su competencia a los Juzgados de Distrito
del Poder Judicial de la Federación una vez que se hayan creado los mecanismos
de especialización en la materia) y la creación de “Centros de Conciliación” (los cuales no están contemplados en la
LFT ni la propia constitución) supeditados al control de la aristocracia
obrera, siempre solícita a cumplir con los dictámenes de la gran burguesía
nacional extranjera, con lo cual, el arbitrio sería impuesto de manera fáctica
atendiendo el interés del patrón y no del trabajador de forma evidentemente más
corrupta y burocrática que en las Juntas Federales y Locales de Conciliación y
Arbitraje.
Lo mismo ocurriría con el
derecho a huelga, los emplazamientos de revisión salarial, contractual, los
registros sindicales, etc. Los cuales se desprende que también deberán pasar el
por ese mismo filtro, o el del “poder judicial”, atendiendo no el interés y el
ejercicio constitucionales del
derecho de asociación, la libertad de manifestación y los derechos laborales
consagrados en el 123 constitucional, entre otros, sino el interés fundamental
del gran capital y el imperialismo, donde los trabajadores y el sindicalismo
democrático y clasista estaremos topando de frente con la bota militar tras la
reciente imposición de la Ley de Seguridad Interior, “resolviendo” las luchas
sindicales y colectivas de la clase trabajadora a “bayoneta calada”.
Otro tanto puede decirse de la
oficialización de la práctica del “outsourcing”, el cual tendrá capacidad
gremial entre los patrones con la creación de una Coalición de Empresas que
realizan la subcontratación sin respetar los derechos individuales y colectivos
de los trabajadores.
Así, en condiciones de máxima
discreción por parte del senado y ante un proletariado atomizado en diversas
agrupaciones sindicales gremiales, de industria, territoriales, nacionales,
federativas, confederadas, etc. dispersado entre si y focalizado en áreas muy
específicas del territorio nacional, desorganizado política y numéricamente, la
odiosa “Reforma de Justicia Laboral”
viene a depositar mayores escombros e injusticias sobre la clase trabajadora
mexicana que aún sigue aguantando -al menos hasta este momento- en un país
donde a la gran burguesía cada vez le es más difícil gobernar como antes,
recurriendo para ello a auténticas contra-reformas antiobreras y antipopulares
como esta y como la propia Ley de Seguridad Interior que buscan imponerse por
encima del pueblo trabajador para dar manga ancha a la maximización de
ganancias de las distintas facciones de la burguesía y los latifundios, justo
como lo confirma la también nueva Ley de Zonas Económicas Especiales, cuya
declaratoria reciente se hizo hace unas semanas en el Puerto Proletario de
Salina Cruz, Oaxaca.
La lección para la clase
obrera, el campesinado pobre y las masas más profundas de la población es dejar
de pensar un poco en elecciones y cambio de amos, para hacerse cargo de nuestro
propio destino atreviéndonos a luchar y escalar las alturas.
¡Repudio total a la “Reforma de Justicia
Laboral”!
¡No a la imposición de las Zonas Económicas
Especiales!
¡No la Ley de Seguridad Interior!
¡Las elecciones no son la solución…
impulsemos la revolución!
¡La emancipación de los trabajadores debe ser
obra de los trabajadores mismos!
¡Que los trabajadores gobiernen la patria!
FIRMAN:
SINDICATO LIBRE DE EMPLEADOS Y
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SINDICATO INDEPENDIENTE NACIONAL DE
TRABAJADORES DE SALUD-SECCIÓN 9
SINDICATO INDEPENDIENTE Y CLASISTA
DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN
FRENTE OAXAQUEÑO EN DEFENSA DE LA
SALUD
COORDINADORA DE BASES DEL SEGURO
SOCIAL
SINDICATO PARA LA UNIÓN DE
EXPENDEDORES DE TABERNA Y CERVEZA DE SAN BLAS ATEMPA
UNIÓN DE RECOLETORES DE BASURA Y
RESIDUOS SÓLIDOS “POR UN OAXACA LIMPIO”
UNIÓN GENERAL DE OBREROS Y
CAMPESINOS DE MÉXICO-BANDERA ROJA
