Imagen del Centro Histórico de Oaxaca |
Un nuevo sismo de
7.5° en la escala Richter con epicentro en la Costa oaxaqueña ha sacudido la
entidad y otros estados del país, incluida la Ciudad de México.
Por supuesto, el
recuerdo inmediato de los sismos de 2017 y su terrible impacto en Oaxaca,
Morelos, Estado de México y Ciudad de México, ha venido a sobresaltar a la
población, y como suele ocurrir en estos casos, a los más pobres de entre los
pobres, muchos de los cuales siguen esperando la reconstrucción de los daños a
casi tres años de distancia.
El nuevo sismo
del 23 de junio de 2020 ha dejado nuevas pérdidas humanas, al menos seis
personas fallecidas hasta este momento, un número considerable de heridos y por
supuesto, nuevos daños materiales que están siendo
cuantificados. En las ocho regiones de la entidad el sismo hizo sentir su
furia, pero esta vez la Costa, la Sierra Sur y los Valles Centrales han sido
los más afectados; las imágenes del centro histórico con inmuebles dañados,
fisurados y con desprendimientos dan un panorama de la situación que se vive en
las comunidades más alejadas donde existen casas destruidas, escuelas e infraestructura
comunitaria dañada y caminos sepultados bajo el alud de rocas que en diversas
partes de la entidad se registraron. Algunas comunidades permanecen
incomunicadas tras los derrumbes, mientras que la Refinería Antonio Dovalí Jaime, en el Puerto de Salina Cruz, registró un incendio parcial tras el movimiento telúrico.
Los sismos en Oaxaca
no son algo nuevo ni ajeno a la forma de vida del pueblo, que ha debido
adaptarse a ello y hacerlo ante el desentendimiento general del viejo estado. Los
distintos niveles de gobierno no han tenido la capacidad ni el interés en
atender a la población en situaciones similares, no solo durante la emergencia,
sino tampoco en la prevención. Los sistemas federal y estatal de protección
civil suelen ser un paliativo ante los desastres naturales, y antes de ello su
función es eminentemente estadística e informativa, pero desconectada del
modelo de desarrollo urbano y rural que genera riesgos estructurales de manera
desigual según la orografía, la estatígrafa del suelo y los procesos
constructivos, sin tomar en cuenta la forma cambiante del suelo y subsuelo ante
los métodos depredadores que acompañan a los megraproyectos extrativistas como
minería, presas hidroeléctricas, refinerías, vías férreas, súper carreteras, parques
eólicos, etc. que han sido tan denunciados por las comunidades afectadas.
Inmuebles dañados |
Este nuevo sismo
ha llegado precisamente en medio de la pandemia del COVID19, que mantiene a las
masas más profundas del pueblo en la incertidumbre, el desempleo, la falta de
ingresos, el hambre y mil preocupaciones más como el pago de rentas, de
servicios y la precaria salud que se padece en un contexto donde los servicios
de salud han colapsado en las ciudades, mientras que en el medio rural simplemente
no existen o son insuficientes.
Al pueblo sólo
le queda confiar en sus propias fuerzas, volver a movilizarlas y organizarlas
en Comités de Apoyo y Comités de Sanidad e Higiene; defender los derechos del
pueblo es tarea permanente ante los fenómenos naturales, las pandemias y las
políticas antipopulares del régimen.