Francia. La policía antidisturbios ha
montado puestos de control para impedir toda clase de protestas durante las
últimas semanas con el pretexto del coronavirus. Esta vez tocó el turno en
contra de los manifestantes de la Place
de la Comédie en Montpellier, quienes cada sábado se concentran para exigir
el fin de la ocupación sionista-fascista de Israel sobre territorio Palestino y
el reconocimiento del Estado Palestino en base al principio de
autodeterminación de los pueblos. La policía ha decomisado banderas palestinas,
arrestando y multando manifestantes. Durante los últimos días la persecución también
ha alcanzado a grupos como los Chalecos
Amarrillos que no cejan en sus demandas pese a las medidas del estado
imperialista francés, el cual prohíbe manifestaciones de todo tipo “para evitar una nueva propagación del virus”
pero llama a retornar a las actividades laborales y los cursos escolares en
todos los niveles, sin importar que se registren nuevos contagios. Es claro: el
estado imperialista francés quiere coartar los derechos de la clase obrera y el
pueblo, pero le urge volver a la producción-circulación de mercancías a costa
de la salud y la vida de las masas.
Turquía.
El gobierno fascista
del archi reaccionario Erdogan no para en su cacería de brujas. De las
detenciones y prohibiciones contra intelectuales y artistas –como los músicos
del Grupo Yorum que han fallecido en
huelgas de hambre exigiendo libertad- pasando por las prohibiciones contra
cualquier manifestación popular y nuevas detenciones –como el pasado 1° de
mayo- ahora se registran nuevas detenciones arbitrarias contra alcaldes
electos por voto popular, pertenecientes al Partido Democrático del Pueblo
(HDP). En las pasadas elecciones de marzo del 2019, el HDP alcanzó un gran
número de votos, la gente está cansada del régimen de terror y hambre impuesto
por Erdogan, tutelado por el imperialismo yanqui. Ante ello la reacción del
viejo estado es el cateo nocturno, las detenciones arbitrarias y el
encarcelamiento de sus opositores, incluidos los alcaldes de HDP nombrados por
el pueblo. Según informa el medio Socorro Rojo (Secours Rouge) “Los alcaldes electos de los 4 municipios,
así como los alcaldes de Iğdır, Eylem Çelik y Yaşar Akkuş, los alcaldes de
Siirt, Berivan Helen Işık y Peymandara Turhan, los alcaldes de Baykan, Ramazan
Sarsılmaz y Özden Gülmez, los co-alcaldes Kurtalan, Baran Akgül y Esmer Baran
fueron arrestados por la policía turca durante una redada en las casas de los
funcionarios electos del HDP. 44 municipios kurdos de los 65 ganados por el
Partido Democrático del Pueblo (HDP) en las elecciones municipales del 31 de
marzo de 2019, hoy son administrados por funcionarios nombrados directamente por
el estado en lugar de los alcaldes electos”. Desde entonces Erdogan ha
venido tomando por asalto la administración de las alcaldías encarcelando a los
opositores de HDP, derivando en más de un millón de arrestos cometidos contra alcaldes,
líderes opositores y población en general hasta el momento. Las cárceles turcas
se abarrotan de presos políticos.
Perú. Se están cumpliendo 40 años
desde que inició la guerra popular, dirigida por el Partido Comunista del Perú.
En mayo de 1980 el PCP bajo su jefatura y pensamiento guía: Pensamiento Gonzalo, inició la lucha
armada en medio de la farsa electoral. El entonces Ejército Guerrillero Popular
tomó por asalto casillas y quemó papelería electoral. Grandes páginas de la
historia del Perú han sido escritas con la sangre de la clase obrera, el
campesinado pobre y las masas; ya sea combatiendo al militarismo, la farsa
electoral, la intervención yanqui imperialista y en general a los enemigos del
pueblo, las organizaciones democráticas y revolucionarias lideradas por el PCP mantienen
firme su rumbo. Pese a la detención, encarcelamiento y sentencia a cadena
perpetua contra el Presidente Gonzalo desde 1992, en Perú se sostiene la guerra
popular en medio de un duro proceso de reorganización del PCP y del EGP,
asumido hoy en Ejército Popular de liberación. Las enseñanzas de la revolución peruana
al mundo son de gran valor.
México. El “nuevo gobierno” del viejo estado anunció su programa denominado “La nueva normalidad, estrategia de
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas”, como resultado
de los cabildeos de este con las facciones compradora y burocrática de la gran
burguesía. Desde semanas antes el Concejo Coordinador Empresarial sostuvo
entrevistas con Esteban Moctezuma, Secretario de Educación del gobierno de la
república (quien en sexenios anteriores, especialmente durante la
administración de Enrique Peña Nieto, fue un implacable promotor de la mal
llamada “reforma educativa” que en
realidad fue una contra-reforma laboral y una ley de excepción contra el gremio
de los trabajadores de la educación) con la clara intención de presionar el
reinicio a clases como punta de lanza para reiniciar las actividades laborales
en todo el país. La "nueva normalidad" contempla una reapertura de actividades en tres etapas, denominando "municipios de la esperanza" a aquellos que no presentan contagios, que es justamente donde la gran burguesía quiere experimentar a costa de la salud y la vida de alumnos, padres, madres de familia, y trabajadores de la educación. Ante ello, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) desde las Secciones XXII (Oaxaca), IX (Ciudad de México), XVIII
(Michoacán), XIV (Guerrero) XXXIV (Zacatecas), entre otras, ha declarado que el
magisterio democrático, en coordinación con los padres y madres de familia no
aceptan regresar a clases en este momento ya que implica exponer la salud y la
vida de las comunidades escolares y posiblemente llevar el contagio a
localidades donde no hay registro de este. Luego de los pronunciamientos de la CNTE respaldados con su capacidad de convocatoria nivel nacional y por otras formaciones democráticas y revolucionarias del pueblo en lucha, los gobernadores de Oaxaca y Chiapas son los primeros en recular, señalando que ningún municipio en ambas entidades retomará actividades pese al mandato federal.
Guerrero,
México. La
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC)
de la Montaña, Centro y Costa Chica de Guerrero, emitió un documento dirigido a
la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado en el que pide que “dictamine, discuta y apruebe la reforma
constitucional presentada el 17 de diciembre de 2019 por el presidente de la
Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos de dicha legislatura”. El
documento explica la necesidad que enfrentan los pueblos originarios en México
de que las legislaciones en la materia se armonicen con los estándares
internacionales que ya existen. Desde su perspectiva, la CRACP-PC busca que
esta reforma constitucional dote de un marco jurídico a su labor, la cual es
desarrollada tras 25 años de lucha y cuenta con presencia en al menos 29
municipios y más de 200 comunidades, con al menos 2 mil 500 elementos en
activo. Durante años la CRAC-PC ha padecido detenciones arbitrarias,
encarcelamientos, asesinatos y desaparición forzada de sus mandos y efectivos,
agresiones cometidas por el viejo estado desde sus aparatos legales e ilegales
en la guerra contra el pueblo. En este documento la organización comunitaria
señala: “Por lo demás la CRAC-PC como
autoridades indígenas que realizamos tareas de seguridad pública, justicia y
reeducación nos encontramos en un vacío jurídico que nos coloca en la
ilegalidad, por lo que ministerios públicos y jueces han empezado a desplegar
acciones penales en contra de las autoridades indígenas y Afromexicanas que
llevan a cabo estas tareas criminalizando el ejercicio de nuestros sistemas
normativos. Seguir esperando la aprobación de la iniciativa que recoge
cabalmente nuestros derechos es continuar criminalizando, persiguiendo y
encarcelando injustamente a nuestras autoridades de la CRAC-PC”. Usted
puede leer el documento íntegro dando click aquí.