México, el “Grupo Lima” y la República Bolivariana de Venezuela.


En días reciente, el llamado “Grupo Lima” (hijastro variopinto del imperialismo yanqui) compuesto por trece gobiernos de América Latina ha emitido la siguiente declaración con relación al nuevo mandato de Nicolás Maduro al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela:

"Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, frente al inicio el 10 de enero de 2019 del ilegítimo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro (2019-2025) en Venezuela, expresan lo siguiente:

1-Reiteran que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente. En consecuencia, no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019.

2-Ratifican su pleno respaldo y reconocimiento a la Asamblea Nacional, elegida legítimamente el 06 de diciembre de 2015, como órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela.

3- Instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas.

4- Subrayan la importancia del respeto a la integridad, la autonomía y la independencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimamente conformado, de acuerdo con la Constitución venezolana, para la plena vigencia del Estado de derecho en ese país.

5- Reafirman su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela, resaltando que sólo a través del pleno restablecimiento, lo más pronto posible, de la democracia y el respeto de los derechos humanos, se podrán atender las causas de la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país.

6- Manifiestan su convicción de que la solución a la crisis política en Venezuela corresponde a los venezolanos y, por lo tanto, reiteran su permanente determinación para apoyar las iniciativas políticas y diplomáticas que conduzcan al restablecimiento del orden constitucional, de la democracia y el Estado de derecho en ese país, a través de la celebración de un nuevo proceso electoral con garantías democráticas.

7- Expresan su determinación de continuar impulsando iniciativas en foros multilaterales, en particular en la Organización de los Estados Americanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.

8- Hacen un llamado a todos los países miembros de la OEA a reafirmar su apoyo a la Carta de la OEA y a la Carta Democrática Interamericana, a fin de contribuir al restablecimiento del orden democrático en Venezuela.

9- Condenan cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad en la región. Hacen un llamado al régimen de Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos. En ese sentido, manifiestan su profunda preocupación por la interceptación realizada el día 22 de diciembre de 2018 de una nave de investigación sísmica, por parte de la marina venezolana dentro de la zona económica exclusiva de la República Cooperativa de Guyana.

10- Reiteran su profunda preocupación por la grave crisis política y humanitaria en Venezuela, que ha generado el éxodo masivo de migrantes y solicitantes de refugio provenientes de ese país, producto de los actos y políticas antidemocráticas, opresoras y dictatoriales practicados por el régimen de Nicolás Maduro, la que sólo podrá resolverse mediante el pleno restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos. Igualmente, renuevan su compromiso, en la medida de sus posibilidades, de continuar brindando asistencia a los migrantes procedentes de Venezuela, así como de promover y desarrollar iniciativas de coordinación regional en respuesta a esta crisis. En este sentido, saludan la inclusión por primera vez de la crisis de migrantes y refugiados procedentes de Venezuela en el Llamamiento Humanitario Global de la ONU para 2019, así como la designación del representante conjunto de la OIM y ACNUR.

11- Expresan su preocupación por el impacto causado en la economía y en la seguridad de países de la región por la crisis política en Venezuela.

12- Exhortan al régimen venezolano a permitir el inmediato ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo de Venezuela, a fin de prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública en ese país y de sus efectos transnacionales.

13: Acuerdan las siguientes medidas:

A- Reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país, y la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses.

B- Según lo permitan sus legislaciones internas, impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima; elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos.

C- Evaluar con criterio restrictivo el otorgamiento de préstamos al régimen de Nicolás Maduro en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte.

D- Suspender la cooperación militar con el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo la transferencia de armas a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas, así como evaluar los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia humanitaria.

E- Intensificar contactos con países no miembros del Grupo de Lima a fin de mantenerlos informados de las acciones del Grupo, de la gravedad de la situación en Venezuela y de la necesidad de trabajar unidos para el restablecimiento de la democracia en dicho país.

F- En relación con la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a la Corte Penal Internacional para que se investigue la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, instar a otros países a apoyarla y a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional a avanzar con celeridad en los procedimientos correspondientes.

G- Urgir a otros miembros de la comunidad internacional a que adopten medidas semejantes a las acordadas por el Grupo de Lima contra el régimen de Nicolás Maduro en pro del restablecimiento de la democracia”.

No consideramos necesario detenernos a desmenuzar los puntos de esta declaración escrita con la tinta indeleble del imperialismo, y que continúa con la ruta establecida desde Washington para alentar la guerra civil reaccionaria al interior de Venezuela y la intervención militar extranjera (léase imperialista) para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y a la propia República Bolivariana de Venezuela.

Lo que si consideramos necesario es mencionar que el gobierno de México se negó a suscribir esta declaración en correspondencia con lo que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló como la no intervención y la autodeterminación de los pueblos argumentando que “"Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países porque no queremos que otros gobiernos, otros países, se entrometan en los asuntos que solo corresponden a los mexicanos".

Al respecto y a manera de paréntesis, debemos señalar que la posición del gobierno mexicano, si bien es correcta en cuanto a la forma (el Artículo 89 fracción X de la Constitución Federal señala los principios de:  la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; la lucha por la paz y la seguridad internacionales; y la protección al medio ambiente para el desarrollo sustentable) carece en realidad de un argumento congruente y de principios por dos cosas:

Primero.- El estado mexicano en concordancia con los principios antes mencionados debería retirarse sin tapujos ni mayor trámite del llamado “Grupo Lima”, puesto que ningún estado que enarbole el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de cada país, puede convalidar con su presencia o membresía esa abominación engendrada por el imperialismo yanqui.

Segundo.- Las declaraciones de AMLO son insuficientes y no corresponden con la realidad mexicana ante el contexto internacional, donde nuestro país se encuentra supeditado económica, política, jurídica, cultural, tecnológica, productiva, alimentaria, social, militarmente, etc. al imperialismo (particularmente el yanqui) y prueba de ello es la posición del mismo “nuevo gobierno” de AMLO, quien funge como gerente en turno del viejo estado terrateniente-burocrático, semifeudal y semicolonial, como lo demuestra la continuidad de los megaproyectos dictados por el imperialismo y sus organismos económicos internacionales (FMI, OMC, OEA, BM, TLCAN, entre otros) para imponer el llamado “Tren Maya”, el Plan para el Desarrollo del Istmo y el “Tren TransIstmico”, las Zonas Económicas Especiales, los proyectos hidroeléctricos, eólicos y mineros con prácticas como el fracking, etc. que redundan en el despojo de tierras y territorio de los pueblos originarios, así como en el desplazamiento forzado de las comunidades afectadas. Aquí la postura del “nuevo gobierno” no es de respeto a la autodeterminación, la no intervención, etc. del pueblo de México, aquí –al interior de nuestro país- las cosas son totalmente distintas, pero con la misma falsa careta democrática que el obradorismo no podrá sostener por mucho tiempo.

El espantajo de Lima.

Pero volvamos al "Grupo Lima”, ese odioso engendro del imperialismo, perro faldero suyo y amasijo de vendepatrias.

¿Cuál es el objetivo del “Grupo Lima”?

Este organismo de estados supeditados al imperialismo yanqui se formó en agosto 2017 en la Ciudad de Lima, Perú, bajo las órdenes directas de Washington con la clara y única intención de crear un cerco en contra de la República Bolivariana de Venezuela, generando las condiciones mediáticas y políticas internacionales que justifiquen la intervención extranjera como espaldarazo a la oposición de derecha que existe al interior de ese país en contra del Chavismo y el gobierno de Nicolás Maduro.

¿Quiénes lo componen?

Argentina, gobernado por Mauricio Macri del partido Propuesta Republicana (PRO) y la alianza “Cambiemos”. Un gobierno tecnócrata, representante de la burguesía compradora y la oligarquía financiera, sirviente del imperialismo yanqui. Con claros signos fascistoides que se mostraron desde sus “controversias” constitucionales en el proceso de entrega-recepción del mandato constitucional, hasta sus políticas antipopulares que aceleran la crisis económica, descargando con fuerza su peso sobre las espaldas del proletariado y el campesinado pobre, principalmente. Precarizando su nivel de vida con recortes de servicios básicos y derechos del pueblo.

Brasil, gobernado por el archireaccionario Jair Bolsonaro, proveniente de las altas camarillas militares, saltimbanqui de la política y actualmente presidente por el Partido Social Liberal (PSL) de claras tendencias fascistas de viejo cuño como xenofobia, homofobia, racismo, misoginia, anti-comunismo, etc. que se han acentuado con el redoblar de la militarización del país y la guerra civil reaccionaria contra el pueblo. Representante de la burguesía burocrática y el viejo latifundio, sirviente fiel del imperialismo yanqui.

Canadá, gobernado por Justin Trudeau del Partido Liberal (PL), representa a las élites de la gran burguesía imperialista de ese país, la cual está uncida al carruaje del imperialismo yanqui. Es de recordar que en Canadá existen leyes de excepción racistas contra los pueblos originarios, que al estilo malthusiano prohíben a los indígenas tener más de un hijo o hija, así como en contra de migrantes que trabajan en ese país bajo sus estándares de empleo permitido (sufriendo la explotación absoluta de su fuerza de trabajo por la condiciones en que este se desarrolla) y que al solicitar su permiso de residencia les es negado bajo los mismos criterios de restricción demográfica pero también fisiológica, siendo rechazadas aquellas personas con hijos o hijas que padezcan enfermedades congénitas, necesidades educativas especiales y condiciones específicas de vida como síndrome de Down o Autismo, entre otros. Ni que decir del grado de represión contra el movimiento obrero o los movimientos estudiantiles y populares en su interior a manos de la Real Policía Montada de Canadá, que en esencia es una policía política de estado, una policía militarizada desde su origen y además, una policía creada para controlar, someter y reducir la resistencia interna de los pueblos originarios que desde el principio se oponían a la creación del estado-nación canadiense y la acumulación originaria de capital a costa del despojo masivo de tierras y territorios.

Chile, gobernado por Sebastián Piñera del partido fascista Renovación Nacional (RN), representante de la burguesía compradora y la oligarquía financiera, fiel lacayo del imperialismo yanqui. Es uno de los hombres más ricos de Chile y del mundo. El gobierno chileno viene impulsando y sosteniendo a sangre y fuego toda clase de políticas antipopulares, incluida la política de despojo de tierras y territorios para la imposición de megaproyectos imperialistas; esto ha redundado en asesinatos de dirigentes y autoridades tradicionales de los pueblos en resistencia, como el reciente asesinato de Camilo Catrillanca en manos del “Comando Jungla” formado por grupos especiales de los Carabineros, que es la policía política de ese país y actúa como policía militarizada en contra del pueblo.

Colombia, gobernado por el reaccionario Iván Duque del Partido Centro Democrático (PCD), representante de la burguesía burocrática y la oligarquía financiera, sirviente eficaz del imperialismo yanqui. Continuador de la política fascista y contrainsurgente dentro del territorio nacional y los países vecinos, ha manifestado públicamente respecto al revisionismo armado de las FARC –hoy vuelto capitulacionismo-liquidacionismo electorero- que “antes de permitir su partición en política deben rendir cuentas ante la justicia”, lo que vuelve a confirmar la imposibilidad e inviabilidad de las “salidas pacíficas, políticas o negociadas a los conflictos armados” pregonadas por el revisionismo contemporáneo y el oportunismo de toda ralea.

Costa Rica, gobernado por Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción Ciudadana (PAC) representante de la burguesía burocrática, desarrolla una política asistencialista de desmovilización, contrainsurgencia y cooptación de organizaciones sindicales, campesinas y populares para crear una base corporativa útil al viejo estado. Desde su “lógica” patriotera, mantiene la subordinación del país al imperialismo yanqui, así como la represión masiva-selectiva contra movimientos populares en lo específico, como durante la Huelga General de septiembre pasado donde se violentó la Autonomía de la Universidad Nacional con el ingreso de la policía a la misma, deteniendo a estudiantes y profesores democráticos.

Guatemala, gobernado por Jimmy Morales del Frente de Convergencia Nacional (FCN), representante de la burguesía compradora, el latifundio y las viejas camarillas militares guatemaltecas, instrumento servil del imperialismo yanqui. Asumió su mandato con el discurso anticorrupción, y paradójicamente su gobierno ha estado marcado por ésta desde sus más altas esferas, esto y la implementación de una política económica enteramente subordinada a los designios del imperialismo ha generado el éxodo masivo del pueblo guatemalteco en las llamadas “caravanas migrantes” que cruzan por México para llegar a los EE.UU.  Destaca también el grado de represión contra opositores y movimiento populares a manos del viejo estado, con prácticas castrenses contrainsurgentes.

Guyana, gobernado por el reaccionario David Granger, un militar de carrera formado en el extranjero y adoctrinado en prácticas fascistas. Llega al poder mediante un golpe administrativo, desde la coalición que controlo la Asamblea Nacional. Representante de los viejos latifundios, la burguesía burocrática y títere del imperialismo yanqui. Su política exterior es de permanente agresión y provocación, y su política interna es represiva, erigiendo un estado militarizado.

Honduras, gobernado por Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional de Honduras (PNH), impuesto mediante fraude electoral para un segundo periodo presidencial que concluirá hasta 2022. Representante de la burguesía burocrática, el viejo latifundio y la oligarquía financiera, señalado por su abierta colusión en temas de corrupción y narcotráfico. Promotor del estado policiaco-fascista que actualmente padecen las masas hondureñas, quienes por los altos índices de represión por parte del viejo estado, y de violencia por parte de los grupos criminales que controlan el país, así como del desempleo y la pauperización absoluta, han formado un éxodo masivo que compone el grueso principal de las llamadas “caravanas migrantes” que atraviesan México con destino a los EE.UU.

Panamá, gobernado por Juan Carlos Varela del Partido Panañemista (PP) en alianza con el Partido Popular (PP), dos partidos de filiación fascista, anti-comunista y vende-patrias, que pese a su discurso patriorero son también responsables de la pérdida de la soberanía nacional de dicho país y su sujeción al imperialismo norteamericano. Representan a la burguesía burocrática y el latifundio.

Paraguay, gobernado por Mario Abdo Benítez de la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado, que es una formación fascista que no ha dejado el gobierno paraguayo salvo un breve periodo, convirtiéndose en el partido oficial. Representa a la burguesía burocrática, el latifundio y es fiel lacayo del imperialismo. El actual presidente también tiene formación castrense y desarrolla un perfil de estado militarizado, coartando los derechos del pueblo y desarrollando guerra civil reaccionaria, especialmente en territorios donde la lucha por la tierra ha adquirido nuevos escenarios de organización y lucha.

Perú, gobernado por Martín Vizcarra, en sucesión de Kuczynski luego de su separación del cargo. Garantiza la continuidad del viejo estado terrateniente-burocrático supeditado al imperialismo yanqui. Representa a la burguesía compradora y el latifundio. Los altos niveles de corrupción y desintegración del aparato político del viejo estado, le ha llevado a plantear salidas que expresan la colusión y pugna con las otras facciones de la burguesía, tales como el referéndum y la asamblea constituyente, también pregonadas por el oportunismo y el revisionismo. Paralelamente el gobierno de Vizcarra desarrolla la política contrainsurgente dictada por el imperialismo en contra del pueblo, especialmente contra la guerra popular dirigida por el Partido Comunista del Perú y el Ejército Popular de Liberación. Al igual que su antecesor depuesto, Vizcarra es lacayo del imperialismo norteamericano.

Santa Lucía, “gobernado” por Allan Chastanet, del Partido Unido de los Trabajadores (PUT) –aunque nada tiene que ver con la clase trabajadora- pero supeditado a la Corona Británica, ya que pese a la independencia nacional decretada en febrero de 1979, aún se considera a la reina de Inglaterra su “jefa de estado” al ser una monarquía constitucional. El gobierno actual de Santa Lucía representa al latifundismo y la burguesía compradora, supeditada al imperialismo, donde los Estados Unidos y Gran Bretaña disputan y comparten en colusión y pugna la dominación de esta isla.

México, gobernado por Andrés Manuel López Obrador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), un amasijo compuesto por exmilitantes del viejo partido oficial (PRI) y la socialdemocracia de derecha (PRD, PT, PSUM, incluido el viejo y falso PCM). Representa al sector patriotero de la burguesía burocrática y el latifundio. Pese a manejar un discurso “progresista y de izquierda” cercano a la socialdemocracia, en realidad desarrolla una política económica de continuidad que garantiza la sujeción y supeditación nacional al imperialismo, particularmente yanqui, tanto con las políticas económicas de inversión arriba señaladas, como con la implementación de políticas asistencialistas contrainsurgentes y desmovilizadoras,  así como con la creación de la Guardia Nacional como nuevo cuerpo de ejército para concluir lo que los gobiernos tecnócratas en turno iniciaron para militarizar el país y garantizar la maximización de ganancias de la gran burguesía y el imperialismo.

¿Qué pasa en Venezuela?


Luego de una lucha de varios años, finalmente en 1999 triunfa por la vía electoral Hugo Chávez y se inicia con el proceso que hoy se autodenomina “Revolución Bolivariana”, que en realidad es una suerte de mezcla de haberes entre el oportunismo, el revisionismo y el reformismo hechos gobierno para representar los intereses de los sectores patrioteros de la burguesía burocrática de ese país. Con la creación de la República Bolivariana de Venezuela y la Nueva Constitución, se va modificando el andamiaje o superestructura del estado, sostenido sobre una base económica de propiedad de estado con propiedad privada sobre los medios de producción, supeditados también al imperialismo (Chino y Ruso principalmente). Chávez logra reelegirse durante cuatro periodos presidenciales y tras su muerte, asume el cargo vía electoral Nicolás Maduro por medio del partido oficial: el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como fusión de distintos partidos que le antecedieron tomando como ideología el llamado “bolivarianismo” y el “socialismo de siglo XXI” que en realidad no es socialista ni tiene una base ideológica marxista, por más fraseología revolucionaria con que intenten camuflarlo.

El pasado 20 de mayo de 2018 hubo nuevas elecciones presidenciales en Venezuela, resultando ganador Nicolás Maduro para un siguiente periodo, el cual deberá iniciar este 10 de enero, pero la oposición de derecha, concentrada en la Asamblea Nacional y auspiciada por el imperialismo yanqui, orquestó un escenario de boicot electoral que inició desde la retirada de la oposición de las elecciones, los procesos de reportes de incidentes, quejas y recursos administrativos ante el órgano electoral, y logró escalar hasta escenarios de enfrentamientos y choques directos con la Guardia Nacional Bolivariana y las organizaciones que respaldan al gobierno Bolivariano, observándose especialmente la conducta táctica y organizada de grupos de choque paramilitares bien pertrechados con indumentaria y armamento de costos popularmente inaccesibles. Es decir: financiados por las facciones burguesas opositoras y el propio imperialismo yanqui.

¿Cuál es la posición de los comunistas al respecto?

Es importante mencionar que para el movimiento comunista internacional, especialmente para los marxistas-leninistas-maoístas, la República Bolivariana de Venezuela no es ni representa ningún estado socialista, ni mucho menos un proceso revolucionario de carácter proletario o popular.

A partir de ello debemos enfatizar lo dicho por Carlos Marx en su Contribución a la crítica de la economía política: “En la producción social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia”. Esto quiere decir que el modo de producción de una sociedad determinada condiciona el desarrollo político, jurídico, académico, cultural, etc. de una sociedad determinada, y al escudriñar y analizar la situación concreta que se desarrolla en Venezuela (desde su estructura económica) podemos observar:

1.    Los medios de producción no son propiedad colectiva, aún a pesar de que una parte de estos es propiedad del estado. Este razonamiento es proporcional al hecho que el estado venezolano tampoco es propiamente un estado proletario, ni un estado proletario-popular. En un sentido estrictico del término, es un estado burgués con características de una república democrática burguesa, no alineada al imperialismo yanqui, pero si a otros imperialismos que considera “aliados”.
2.    Justamente en esta línea de ideas, y al encontrar que solo una parte de los medios de producción pertenecen al estado y la otra es propiedad privada, (agregando el hecho de que en Venezuela no existe producción industrial, científica ni tecnológica propia e independiente) se desarrolla un capitalismo burocrático, dependiente de esos otros imperialismos “aliados” suyos, que le colocan en un papel específico dentro de la cadena de producción-dominación imperialista y por supuesto, de las pugnas inter-imperialistas en desarrollo.
3.    La existencia de un régimen de tenencia de la tierra ambiguo, caduco y contrario a los interés materiales de las masas populares del campo (campesinos pobres, indígenas y afrodescendientes) explica las relaciones sociales de servidumbre, basadas en el trabajo gratuito o esclavo, en el dominio de grandes extensiones de tierras (disfrazadas o no de cooperativas, agroindustrias, etc.) al servicio de un puñado de personas (latifundio), entre otros fenómenos que no han dejado de existir en la sociedad venezolana como el trabajo doméstico, el trabajo de peones con pago a destajo, la remuneración por propinas, la prostitución, la trata de personas, etc. como expresiones de la semifeudalidad subsistente y matrona de un capitalismo burocrático, anquilosado e irracional.

Esta base estructural se presenta maquillada ante los ojos del proletariado y las amplias masas populares de Venezuela y el mundo como “socialismo de Siglo XXI”, haciéndoles creer que las “conquistas de la revolución bolivariana” representan ese socialismo “nuevo” pregonado por el chavismo y Maduro.

Si no logra encajar dialécticamente y científicamente el socialismo venezolano con el modo de producción venezolano (es decir: la superestructura con la estructura) es simplemente porque no se corresponden. No puede haber un gobierno socialista donde existe un viejo estado burocrático burgués-terrateniente.

Dicho sin mayor tapujo: en Venezuela no existe el socialismo, al menos no socialismo científico.

Pero eso no significa, por supuesto, que el movimiento comunista internacional, y principalmente los marxistas-leninistas-maoístas, dejemos de solidarizarnos con la clase obrera y el pueblo de Venezuela, que luchan por defender sus derechos más elementales, incluida la soberanía nacional, su derecho a la autodeterminación y a que ningún país intervenga en sus asuntos internos.

¿Esto qué significa?

Que los comunistas marxistas-leninistas-maoístas ejercitamos el principio del internacionalismo proletario y el anti-imperialismo como praxis irrenunciable en nuestra lucha de clases al interior de cada país y en la perspectiva de la revolución proletaria mundial. Como comunistas defendemos la viabilidad de la construcción del socialismo en un solo país como parte de la revolución proletaria mundial, la cual se desarrolla de manera desigual pero dentro de la perspectiva de alcanzar el comunismo a nivel internacional, y en ese sentido, se hace indispensable desarrollar la lucha contra el imperialismo indisolublemente ligada a la lucha contra el oportunismo y el revisionismo contemporáneo. Es decir: no podemos callar nuestra crítica al oportunismo y al revisionismo bolivariano en aras de la diplomacia burguesa precisamente porque el proletariado internacional y los pueblos oprimidos del mundo requerimos desatar tempestades, sacudirnos del imperialismo y todos sus lacayos y avanzar a la conquista del poder para construir una nueva sociedad.

Sostenemos efectivamente que el proletariado y las masas populares de Venezuela tienen conquistas que defender, como producto de su ejemplar lucha y deben hacerlo arrancando nuevas conquistas al gobierno bolivariano, emprendiendo una férrea defensa de la soberanía venezolana en contra de las intentonas intervencionistas del imperialismo yanqui, pero también de otros imperialismos, es decir: se debe luchar por una Revolución de Nueva Democracia, agraria y anti-imperialista, que destruya las bases de la semifeudalidad sobre las cuales descansa y que destruya la dominación imperialista recordando que no existen imperialismos “aliados” en la lucha por la emancipación proletaria.

En esa tesitura, consideramos importante marcar posición respecto a la oposición de derecha en Venezuela, que es en esencia una oposición burguesa liderada por su facción más reaccionaria, fascista y vendepatrias. ¡No se puede brindar ningún respaldo a quienes organizan, financian y adiestran rebeliones de derecha para entregar ese país a manos del imperialismo yanqui! ¡Tampoco se puede respaldar a quienes trafican con los intereses del proletariado y el pueblo trabajador, utilizando fraseología revolucionaria, para entregar ese país a manos de otros imperialismos!

Creemos que la clase obrera de Venezuela, al igual que en el resto de países oprimidos tiene la irrenunciable tarea de emprender la Revolución de Nueva Democracia, ininterrumpida hacia el Socialismo, entendido este como el modo de producción donde los medios de producción (fábricas, banca, servicios, recursos naturales, etc.) sean propiedad colectiva en manos del estado proletario que edifique, desarrolle y defienda la Dictadura del Proletariado por medio de Revoluciones Culturales Proletarias para evitar la restauración capitalista-imperialista.

Esto solo será posible mediante la reconstitución del Partido Comunista de Venezuela como partido proletario de nuevo tipo, vanguardia de la clase obrera organizada y partido comunista militarizado, pertrechado con la ciencia del marxismo-leninismo-maoísmo para estallar y conducir la guerra popular como estrategia militar universal del proletariado.

La clase obrera, los trabajadores de la ciudad y el campo, las capas más profundas de la población pueden comprender bien la necesidad de una alianza táctica para enfrentar la contradicción principal. Esto es cierto, por ello nuestra defensa del proletariado y las masas populares de Venezuela que luchan por defender sus conquistas dentro de la República Bolivariana.

Pero también es imperativo aclarar: nosotros no defendemos la República Bolivariana, defendemos, eso sí, el derecho de la libre determinación de los pueblos y la no intervención en su soberanía nacional, no para que otros “no se metan en nuestros asuntos”, sino porque es parte indisoluble de la lucha contra el imperialismo, y en este momento en el ámbito internacional, la contradicción principal es entre el imperialismo y los pueblos oprimidos, como Venezuela y México.

Por ello enfatizamos en que no existen imperialismos buenos e imperialismos malos, existe el imperialismo, y este como todos los reaccionarios son tigres de papel. Parecen terribles, pero en realidad no son tan poderosos. Visto en perspectiva, no son los reaccionarios sino el pueblo quien es realmente poderoso, justo como lo dijo y demostró el Presidente Mao Tse Tung.

¡Proletarios y pueblos oprimidos de todos los países, uníos!