lunes, 4 de diciembre de 2017

HONDURAS Y MÉXICO: LOS ESCENARIOS DE LA MILITARIZACIÓN Y LA FARSA ELECTORAL



El más reciente golpe de estado y los ataques del ejército reaccionario contra el pueblo en Honduras está ocurriendo justamente en estos momentos y desde el pasado 26 de Noviembre, en que el Tribunal Supremo Electoral de dicho país reconoció el “triunfo” (léase imposición) del fascista Juan Orlando Hernández quien a sangre y fuego pretende ratificar su reelección como gerente ideal de los intereses comunes de las distintas facciones de la burguesía criolla y el imperialismo.

Evidentemente el rechazo del pueblo trabajador es generalizado, no tanto en respaldo al derrotado Salvador Nasralla, sino más bien en repudio a la farsa electoral y a la fascistización del régimen, mismo que desde la deposición y golpe contra Manuel Zelaya en el 2009 y la resolución judicial de la Corte Suprema de Honduras que acordó hace un par de años legalizar la reelección presidencial con el respaldo del Congreso, han dejado claro entre la clase obrera y las masas oprimidas de Honduras, que la burguesía burocrática y los latifundios tienen perfectamente claro el camino para desmantelar las conquistas laborales, agrarias y sociales: la militarización del país y de su economía, y por supuesto, la supeditación absoluta hacia el imperialismo, particularmente el yanqui.

Así, entre el golpe “constitucional”-militarizado y el rechazo de las masas populares en Honduras, el número de presos y desaparecidos políticos comienza a aumentar, lo mismo que el de manifestantes asesinados por las balas mercenarias del ejército y la política nacional. Todo ello cómoda y convenientemente ajustado a un marco legal que antes no lo era y que las reformas a la ley han permitido para dar manga ancha a las clases dominantes en el poder y así someter y aplastar al pueblo trabajador.

El proletariado y los pueblos de México debemos extraer lecciones de esto que en los medios de comunicación poco o nada se sabe tras el cerco mediático impuesto y dictado por la bestia yanqui imperialista para proteger sus intereses en la región.

Nada de ello dirán las grandes agencias como Televisa o Tv Azteca, ni sus satélites y filiales.

El viejo estado mexicano se está blindando y curando en salud pues prepara el mismo tónico con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que se está discutiendo en el mal llamado “Congreso de la Unión” por iniciativa presidencial y que en lo especifico significa dar un marco de “legalidad” a toda la labor represiva y de exterminio que el ejército y la marina armada de México vienen desempeñando contra los trabajadores y los pueblos en lucha desde siempre, y en fechas más recientes en Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingan, y Nochixtlan.

De ello, diversos organismos progresistas han dado cuenta y explicación desde la óptica jurídica y el proceso regresivo que en materia de justicia representaría su aprobación definitiva, justamente después de que el año pasado han aprobado la llamada “Reforma Penal” dentro del paquete de Reformas Estructurales antipopulares del régimen.

Así, las consecuencias de aprobarse (entiéndase imponerse) la Ley de Seguridad Interior serían:

·        Se facultaría a las fuerzas castrenses para hacer labores policiacas y de inteligencia, particularmente contra movimientos sociales.

·        Se permitirían prácticas como detenciones arbitrarias sin orden de aprehensión, y sin que sea necesaria la existencia de un proceso legal, bastará con ser señalado como sospechoso para ser detenido.
·        Se generalizarían actos de tortura, tratos crueles y denigrantes, levantones, desapariciones forzadas, etc. como medios no convencionales pero regulares para obtener información, delaciones y autoincriminación.

·        Se legalizaría la intervención telefónica y de otros medios de comunicación, cancelando el derecho a la privacidad.

·        Se acabaría la inviolabilidad de domicilio, cometiéndose también cateos de facto en los hogares y centros de trabajo o estudio sin necesidad de orden judicial.

·        Esto mismo ocurriría contra las comunidades autónomas o de usos y costumbres, donde los pueblos originarios tienen hasta este momento el derecho a la libre determinación para establecer su forma de gobierno, de administración e impartición de justicia, de seguridad, de convivencia, etc.

·        Se cancelarían derechos como la libertad de reunión, de prensa, de expresión, de manifestación y de disentir políticamente.

·        Se cometerían toda clase de abusos contra la vida, contra la integridad, contra la salud y contra la libertad de las personas en lo individual, mientras que en lo colectivo se suspenderían de facto las libertades colectivas de los trabajadores, los estudiantes y los pueblos.

·        En síntesis, se justificaría la guerra irregular contra el pueblo en un nuevo “marco legal”, haciéndola una guerra convencional (léase genocidio) contra una población desarmada.

Estos puntos descritos no deben interpretarse como una lamentación pequeñoburguesa que se conduele por la “pérdida de la constitucionalidad y la violación a los derechos humanos”, sino más bien como un llamado de alerta para el conjunto de los trabajadores de la ciudad y el campo y sus organizaciones democráticas y revolucionarias puesto que los derechos del pueblo necesitan ser defendidos con firmeza justamente en estos momentos antes de que el fascismo acabe con ellos de un plumazo para luego sepultarlos bajo la bota militar.

El riesgo de aprobación definitiva de la Ley de Seguridad Interior a nivel federal va acompañado por iniciativas fascistas en el ámbito local de los diversos estados, como en Oaxaca, donde el gobierno estatal ha presentado la mal llamada “Ley de Movilidad” (demasiado parecida a la que hace años presentó el mismo PRI con el nombre de Ley de Convivencia Ciudadana) donde se pretende “regular” las marchas, los mítines y los plantones, promoviendo sanciones (multas) y arrestos (detenciones) “administrativos” a quienes salgan a luchar en defensa de sus derechos, justamente en una entidad con una importante tradición y experiencia de lucha callejera contra el caciquismo como fenómeno local del latifundismo y contra los distintos niveles de gobierno de la burguesía (municipal, estatal y federal).

El contexto electoral del año 2018 en México es también un laboratorio político de las clases dominantes y parasitarias contra los explotados y oprimidos.

Ninguno de los partidos y candidatos (incluidos los llamados “independientes”) de las distintas facciones y partidos de la burguesía representa los intereses del pueblo trabajador.

Así mismo, como en Honduras, el fraude electoral y la imposición del mejor títere-gerente de la burguesía y el imperialismo es algo anunciado…como cada seis años, solo que de sexenio en sexenio la rabia del pueblo pareciera acumularse y el viejo estado teme que esta vez sí se desborde.

Hace seis años la juventud y amplios sectores del pueblo coreaban por millones en las calles de todo el país: ¡Si hay imposición, habrá revolución! Y sin embargo, terminaron por obedecer el mandato claudicante y servil de la socialdemocracia que llamó a que “nadie rompiera un vidrio y todos volvieran a sus casas”.

La tarea actual consiste en generar la más amplia unidad del pueblo para detener el avance de estas iniciativas de Ley que anuncian la llegada del fascismo luego de agotarse los boletos en el circo electoral.

¡Solidaridad absoluta con las masas populares de Honduras que luchan contra el golpe y la militarización!
¡A frenar la Ley de Seguridad Interior y sus ramificaciones en las distintas entidades!
¡Las elecciones no son la solución, la solución es la revolución!
 
México: convocatoria a la lucha contra la Ley de Seguridad Interior


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