El más reciente
golpe de estado y los ataques del ejército reaccionario contra el pueblo en
Honduras está ocurriendo justamente en estos momentos y desde el pasado 26 de
Noviembre, en que el Tribunal Supremo Electoral de dicho país reconoció el “triunfo”
(léase imposición) del fascista Juan Orlando Hernández quien a sangre y fuego
pretende ratificar su reelección como gerente ideal de los intereses comunes de
las distintas facciones de la burguesía criolla y el imperialismo.
Evidentemente el
rechazo del pueblo trabajador es generalizado, no tanto en respaldo al
derrotado Salvador Nasralla, sino más bien en repudio a la farsa electoral y a
la fascistización del régimen, mismo que desde la deposición y golpe contra
Manuel Zelaya en el 2009 y la resolución judicial de la Corte Suprema de
Honduras que acordó hace un par de años legalizar la reelección presidencial
con el respaldo del Congreso, han dejado claro entre la clase obrera y las
masas oprimidas de Honduras, que la burguesía burocrática y los latifundios
tienen perfectamente claro el camino para desmantelar las conquistas laborales,
agrarias y sociales: la militarización del país y de su economía, y por
supuesto, la supeditación absoluta hacia el imperialismo, particularmente el
yanqui.
Así, entre el golpe
“constitucional”-militarizado y el rechazo de las masas populares en Honduras,
el número de presos y desaparecidos políticos comienza a aumentar, lo mismo que
el de manifestantes asesinados por las balas mercenarias del ejército y la
política nacional. Todo ello cómoda y convenientemente ajustado a un marco
legal que antes no lo era y que las reformas a la ley han permitido para dar
manga ancha a las clases dominantes en el poder y así someter y aplastar al
pueblo trabajador.
El proletariado
y los pueblos de México debemos extraer lecciones de esto que en los medios de
comunicación poco o nada se sabe tras el cerco mediático impuesto y dictado por
la bestia yanqui imperialista para proteger sus intereses en la región.
Nada de ello
dirán las grandes agencias como Televisa o Tv Azteca, ni sus satélites y
filiales.
El viejo estado
mexicano se está blindando y curando en salud pues prepara el mismo tónico con
la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que se está discutiendo en el mal
llamado “Congreso de la Unión” por iniciativa presidencial y que en lo
especifico significa dar un marco de “legalidad” a toda la labor represiva y de
exterminio que el ejército y la marina armada de México vienen desempeñando
contra los trabajadores y los pueblos en lucha desde siempre, y en fechas más
recientes en Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingan, y Nochixtlan.
De ello,
diversos organismos progresistas han dado cuenta y explicación desde la óptica
jurídica y el proceso regresivo que en materia de justicia representaría su
aprobación definitiva, justamente después de que el año pasado han aprobado la
llamada “Reforma Penal” dentro del paquete de Reformas Estructurales
antipopulares del régimen.
Así, las
consecuencias de aprobarse (entiéndase imponerse) la Ley de Seguridad Interior
serían:
·
Se
facultaría a las fuerzas castrenses para hacer labores policiacas y de
inteligencia, particularmente contra movimientos sociales.
·
Se
permitirían prácticas como detenciones arbitrarias sin orden de aprehensión, y
sin que sea necesaria la existencia de un proceso legal, bastará con ser
señalado como sospechoso para ser detenido.
·
Se
generalizarían actos de tortura, tratos crueles y denigrantes, levantones,
desapariciones forzadas, etc. como medios no convencionales pero regulares para
obtener información, delaciones y autoincriminación.
·
Se
legalizaría la intervención telefónica y de otros medios de comunicación,
cancelando el derecho a la privacidad.
·
Se
acabaría la inviolabilidad de domicilio, cometiéndose también cateos de facto en
los hogares y centros de trabajo o estudio sin necesidad de orden judicial.
·
Esto
mismo ocurriría contra las comunidades autónomas o de usos y costumbres, donde
los pueblos originarios tienen hasta este momento el derecho a la libre
determinación para establecer su forma de gobierno, de administración e
impartición de justicia, de seguridad, de convivencia, etc.
·
Se
cancelarían derechos como la libertad de reunión, de prensa, de expresión, de
manifestación y de disentir políticamente.
·
Se
cometerían toda clase de abusos contra la vida, contra la integridad, contra la
salud y contra la libertad de las personas en lo individual, mientras que en lo
colectivo se suspenderían de facto las libertades colectivas de los
trabajadores, los estudiantes y los pueblos.
·
En
síntesis, se justificaría la guerra irregular contra el pueblo en un nuevo “marco
legal”, haciéndola una guerra convencional (léase genocidio) contra una población
desarmada.
Estos puntos
descritos no deben interpretarse como una lamentación pequeñoburguesa que se
conduele por la “pérdida de la constitucionalidad
y la violación a los derechos humanos”, sino más bien como un llamado de
alerta para el conjunto de los trabajadores de la ciudad y el campo y sus organizaciones
democráticas y revolucionarias puesto que los derechos del pueblo necesitan ser
defendidos con firmeza justamente en estos momentos antes de que el fascismo
acabe con ellos de un plumazo para luego sepultarlos bajo la bota militar.
El riesgo de
aprobación definitiva de la Ley de Seguridad Interior a nivel federal va acompañado
por iniciativas fascistas en el ámbito local de los diversos estados, como en
Oaxaca, donde el gobierno estatal ha presentado la mal llamada “Ley de
Movilidad” (demasiado parecida a la que hace años presentó el mismo PRI con el
nombre de Ley de Convivencia Ciudadana) donde se pretende “regular” las
marchas, los mítines y los plantones, promoviendo sanciones (multas) y arrestos
(detenciones) “administrativos” a quienes salgan a luchar en defensa de sus
derechos, justamente en una entidad con una importante tradición y experiencia
de lucha callejera contra el caciquismo como fenómeno local del latifundismo y contra
los distintos niveles de gobierno de la burguesía (municipal, estatal y
federal).
El contexto
electoral del año 2018 en México es también un laboratorio político de las
clases dominantes y parasitarias contra los explotados y oprimidos.
Ninguno de los
partidos y candidatos (incluidos los llamados “independientes”) de las
distintas facciones y partidos de la burguesía representa los intereses del
pueblo trabajador.
Así mismo, como
en Honduras, el fraude electoral y la imposición del mejor títere-gerente de la
burguesía y el imperialismo es algo anunciado…como cada seis años, solo que de
sexenio en sexenio la rabia del pueblo pareciera acumularse y el viejo estado
teme que esta vez sí se desborde.
Hace seis años
la juventud y amplios sectores del pueblo coreaban por millones en las calles
de todo el país: ¡Si hay imposición,
habrá revolución! Y sin embargo, terminaron por obedecer el mandato
claudicante y servil de la socialdemocracia que llamó a que “nadie rompiera un vidrio y todos volvieran
a sus casas”.
La tarea actual
consiste en generar la más amplia unidad del pueblo para detener el avance de
estas iniciativas de Ley que anuncian la llegada del fascismo luego de agotarse
los boletos en el circo electoral.
¡Solidaridad absoluta con las
masas populares de Honduras que luchan contra el golpe y la militarización!
¡A frenar la Ley de Seguridad
Interior y sus ramificaciones en las distintas entidades!
¡Las elecciones no son la
solución, la solución es la revolución!