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| Soldados en la firma del convenio de colaboración para la construcción de una brigada de Policía Militar en el municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila. Foto: Octavio Gómez |
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
La intromisión de las fuerzas militares
en la vida política y social del país ha llegado a extremos intolerables
que ponen en riesgo tanto la institucionalidad democrática como la
soberanía nacional.
Hoy atestiguamos el equivalente a un golpe de Estado
subrepticio y silencioso. Si la sociedad no detiene la militarización
rampante, Los Pinos pronto podría ser ocupado por un general.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha presentado en la
Cámara de Diputados una iniciativa para una nueva Ley de Seguridad
Interior, que tiene el objetivo de normalizar la participación
inconstitucional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y
de control social interno.
La aprobación de este proyecto implicaría una transformación radical
del papel de los militares en la vida nacional. Normalmente, los
soldados solamente pueden participar en asuntos de “seguridad nacional”.
Y el artículo 129 de la Constitución es absolutamente claro: “En tiempo
de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las
que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Sin embargo, la propuesta del diputado César Camacho Quiroz, en
cumplimiento de órdenes giradas por Enrique Peña Nieto y el secretario
de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, habilitaría a los militares
para involucrarse directamente en asuntos de “seguridad interna”. Y este
concepto es definido de la manera más abstracta y general: cualquier
asunto que “ponga en peligro la estabilidad, seguridad o la paz
pública”.
Con la nueva ley, los militares ya no se dedicarían exclusivamente a
defender el territorio patrio y a suplir a las autoridades civiles en
casos de emergencia, sino que se transformarían en responsables
permanentes del “orden” interno y, por lo tanto, en una fuerza política
pluripotenciaria y autónoma capaz de intervenir por voluntad propia en
casi cualquier momento. Es decir, se autorizaría formalmente la
persecución castrense de la oposición política y los movimientos
sociales en todo el país.
Desde que Felipe Calderón sacó a los soldados masivamente a las
calles en 2006, supuestamente para combatir el narcotráfico, el gobierno
federal ha dicho que la militarización de la seguridad pública era
necesaria como una medida estrictamente temporal, mientras se avanzaba
en el proceso de depuración y profesionalización de los cuerpos
policiacos municipales, estatales y federales.
Hoy, 10 años más tarde, vemos que Calderón mintió desde el primer
momento. La profesionalización policiaca nunca avanzó y ahora los
partidos del Pacto por México han decidido simplemente reemplazar a los
policías con militares.
Hace unos meses, el PRIANRD ya reformó tanto el Código de Justicia
Militar como el Código Militar de Procedimientos Penales, con el fin de
permitir que los ministerios públicos y tribunales militares se
entrometan de manera indiscriminada en asuntos civiles, con cateos a
domicilios particulares y edificios gubernamentales, así como con
espionaje directo a comunicaciones personales.
Con la Ley de Seguridad Interior se consolidaría y expandiría esta
lógica. La ley permitiría a los militares desplazar totalmente al
ministerio público en la investigación de delitos cometidos incluso por
civiles. También abriría la puerta para un sistema de espionaje
político-militar generalizado, al permitir a los soldados utilizar
cualquier medio de recolección de información.
Aún más preocupante es que esta nueva ley busca darle la vuelta al
procedimiento plasmado en el artículo 29 constitucional para declarar la
suspensión de garantías en casos de “perturbación grave de la paz
pública”. Aquel procedimiento constitucional obliga al presidente a
recibir la autorización del Congreso de la Unión para emitir dicha
declaratoria y requiere que la suspensión sea forzosamente “por un
tiempo limitado”.
En contraste, la nueva ley permitiría al presidente realizar de
manera unilateral la declaratoria, y para un tiempo indeterminado. Es
decir, se eternizaría la presencia castrense en nuestras calles, con
todo lo que ello implica respecto de la violación sistemática de los
derechos humanos y las libertades de tránsito, de expresión y de
reunión.
Lo más grave, sin embargo, es el daño que esta nueva ley significaría
para la soberanía nacional. No es ningún secreto que las fuerzas
armadas mexicanas hoy no sólo siguen órdenes de las autoridades
mexicanas, sino que también obedecen a los mandatos de Washington. Fue
el gobierno de Vicente Fox quien acomodó a la milicia mexicana dentro
del marco del Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) en 2002. Y un
porcentaje cada vez más grande de generales, comandantes y cadetes
miliares mexicanos reciben una parte importante de su entrenamiento en
Estados Unidos.
El secretario de la Marina, Vidal Soberón, recientemente fue nombrado
comandante de la Legión de Mérito del gobierno de Estados Unidos y
tiene comunicación constante con los altos mandos castrenses en aquel
país. Y hace unos meses Soberón le entregó personalmente al jefe del
Northcom, William Gortney, la Medalla de Distinción Naval y Mérito
Militar Primera Clase de México.
Así que si los vendepatrias del PRIANRD logran la aprobación de su
nueva Ley de Seguridad Interna, el pueblo mexicano no solamente estará
sujeto a la constante intromisión de las fuerzas militares en nuestras
vidas, sino que nuestra información y nuestras libertades también se
colocarían bajo el control directo de Donald Trump.
En lugar de aumentar la intromisión de un fascista en nuestros
asuntos internos, hoy es un buen momento para recuperar nuestra larga
tradición de dignidad nacional y solidaridad latinoamericana.
Hay que
dirigir nuestras miradas hacia el sur.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman