En días
reciente, el llamado “Grupo Lima” (hijastro variopinto del imperialismo yanqui)
compuesto por trece gobiernos de América Latina ha emitido la siguiente
declaración con relación al nuevo mandato de Nicolás Maduro al frente de la
presidencia de la República Bolivariana de Venezuela:
"Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay,
Perú y Santa Lucía, frente al inicio el 10 de enero de 2019 del ilegítimo
periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro (2019-2025) en Venezuela,
expresan lo siguiente:
1-Reiteran que el proceso electoral llevado a cabo
en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado
con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la
presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías
y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y
transparente. En consecuencia, no reconocen la legitimidad del nuevo periodo
presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de
2019.
2-Ratifican su pleno respaldo y reconocimiento a
la Asamblea Nacional, elegida legítimamente el 06 de diciembre de 2015, como
órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela.
3- Instan a Nicolás Maduro a no asumir la
presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la
Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo
hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas.
4- Subrayan la importancia del respeto a la
integridad, la autonomía y la independencia del Tribunal Supremo de Justicia
legítimamente conformado, de acuerdo con la Constitución venezolana, para la
plena vigencia del Estado de derecho en ese país.
5- Reafirman su inequívoca y firme condena a la
ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela,
resaltando que sólo a través del pleno restablecimiento, lo más pronto posible,
de la democracia y el respeto de los derechos humanos, se podrán atender las
causas de la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese
país.
6- Manifiestan su convicción de que la solución a
la crisis política en Venezuela corresponde a los venezolanos y, por lo tanto,
reiteran su permanente determinación para apoyar las iniciativas políticas y
diplomáticas que conduzcan al restablecimiento del orden constitucional, de la
democracia y el Estado de derecho en ese país, a través de la celebración de un
nuevo proceso electoral con garantías democráticas.
7- Expresan su determinación de continuar
impulsando iniciativas en foros multilaterales, en particular en la
Organización de los Estados Americanos y el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático y el
respeto de los derechos humanos en Venezuela.
8- Hacen un llamado a todos los países miembros de
la OEA a reafirmar su apoyo a la Carta de la OEA y a la Carta Democrática
Interamericana, a fin de contribuir al restablecimiento del orden democrático
en Venezuela.
9- Condenan cualquier provocación o despliegue
militar que amenace la paz y la seguridad en la región. Hacen un llamado al
régimen de Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que
desistan de acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos. En ese
sentido, manifiestan su profunda preocupación por la interceptación realizada
el día 22 de diciembre de 2018 de una nave de investigación sísmica, por parte
de la marina venezolana dentro de la zona económica exclusiva de la República
Cooperativa de Guyana.
10- Reiteran su profunda preocupación por la grave
crisis política y humanitaria en Venezuela, que ha generado el éxodo masivo de
migrantes y solicitantes de refugio provenientes de ese país, producto de los
actos y políticas antidemocráticas, opresoras y dictatoriales practicados por
el régimen de Nicolás Maduro, la que sólo podrá resolverse mediante el pleno
restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos.
Igualmente, renuevan su compromiso, en la medida de sus posibilidades, de
continuar brindando asistencia a los migrantes procedentes de Venezuela, así
como de promover y desarrollar iniciativas de coordinación regional en
respuesta a esta crisis. En este sentido, saludan la inclusión por primera vez
de la crisis de migrantes y refugiados procedentes de Venezuela en el
Llamamiento Humanitario Global de la ONU para 2019, así como la designación del
representante conjunto de la OIM y ACNUR.
11- Expresan su preocupación por el impacto
causado en la economía y en la seguridad de países de la región por la crisis
política en Venezuela.
12- Exhortan al régimen venezolano a permitir el
inmediato ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo de Venezuela, a fin
de prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública en ese
país y de sus efectos transnacionales.
13: Acuerdan las siguientes medidas:
A- Reevaluar el estado o nivel de sus relaciones
diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y
el orden constitucional en ese país, y la necesidad de proteger a sus
nacionales e intereses.
B- Según lo permitan sus legislaciones internas,
impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al
territorio de los países del Grupo de Lima; elaborar listas de personas
naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus
países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia,
prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus
fondos y otros activos o recursos económicos.
C- Evaluar con criterio restrictivo el
otorgamiento de préstamos al régimen de Nicolás Maduro en los organismos
financieros internacionales y regionales de los que son parte.
D- Suspender la cooperación militar con el régimen
de Nicolás Maduro, incluyendo la transferencia de armas a la luz de los
artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas, así como evaluar los permisos
de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia
humanitaria.
E- Intensificar contactos con países no miembros
del Grupo de Lima a fin de mantenerlos informados de las acciones del Grupo, de
la gravedad de la situación en Venezuela y de la necesidad de trabajar unidos
para el restablecimiento de la democracia en dicho país.
F- En relación con la solicitud presentada por
Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a la Corte Penal
Internacional para que se investigue la comisión de posibles crímenes de lesa
humanidad en Venezuela, instar a otros países a apoyarla y a la Oficina de la
Fiscal de la Corte Penal Internacional a avanzar con celeridad en los
procedimientos correspondientes.
G- Urgir a otros miembros de la comunidad
internacional a que adopten medidas semejantes a las acordadas por el Grupo de
Lima contra el régimen de Nicolás Maduro en pro del restablecimiento de la
democracia”.
No consideramos
necesario detenernos a desmenuzar los puntos de esta declaración escrita con la
tinta indeleble del imperialismo, y que continúa con la ruta establecida desde
Washington para alentar la guerra civil reaccionaria al interior de Venezuela y
la intervención militar extranjera (léase imperialista) para derrocar al gobierno
de Nicolás Maduro y a la propia República Bolivariana de Venezuela.
Lo que si
consideramos necesario es mencionar que el gobierno de México se negó a
suscribir esta declaración en correspondencia con lo que Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) señaló como la no intervención y la autodeterminación de los
pueblos argumentando que “"Nosotros
no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países porque no queremos que
otros gobiernos, otros países, se entrometan en los asuntos que solo
corresponden a los mexicanos".
Al respecto y a
manera de paréntesis, debemos señalar que la posición del gobierno mexicano, si
bien es correcta en cuanto a la forma (el Artículo 89 fracción X de la
Constitución Federal señala los principios de:
la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución
pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza
en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la
cooperación internacional para el desarrollo; la lucha por la paz y la
seguridad internacionales; y la protección al medio ambiente para el desarrollo
sustentable) carece en realidad de un argumento congruente y de principios por
dos cosas:
Primero.- El
estado mexicano en concordancia con los principios antes mencionados debería
retirarse sin tapujos ni mayor trámite del llamado “Grupo Lima”, puesto que
ningún estado que enarbole el respeto a la autodeterminación de los pueblos y
la no intervención en los asuntos internos de cada país, puede convalidar con
su presencia o membresía esa abominación engendrada por el imperialismo yanqui.
Segundo.- Las
declaraciones de AMLO son insuficientes y no corresponden con la realidad
mexicana ante el contexto internacional, donde nuestro país se encuentra
supeditado económica, política, jurídica, cultural, tecnológica, productiva,
alimentaria, social, militarmente, etc. al imperialismo (particularmente el
yanqui) y prueba de ello es la posición del mismo “nuevo gobierno” de AMLO,
quien funge como gerente en turno del viejo estado terrateniente-burocrático,
semifeudal y semicolonial, como lo demuestra la continuidad de los
megaproyectos dictados por el imperialismo y sus organismos económicos
internacionales (FMI, OMC, OEA, BM, TLCAN, entre otros) para imponer el llamado
“Tren Maya”, el Plan para el Desarrollo del Istmo y el “Tren TransIstmico”, las
Zonas Económicas Especiales, los proyectos hidroeléctricos, eólicos y mineros
con prácticas como el fracking, etc. que redundan en el despojo de tierras y
territorio de los pueblos originarios, así como en el desplazamiento forzado de
las comunidades afectadas. Aquí la postura del “nuevo gobierno” no es de
respeto a la autodeterminación, la no intervención, etc. del pueblo de México,
aquí –al interior de nuestro país- las cosas son totalmente distintas, pero con
la misma falsa careta democrática que el obradorismo no podrá sostener por
mucho tiempo.
El
espantajo de Lima.
Pero volvamos al "Grupo Lima”, ese odioso engendro del
imperialismo, perro faldero suyo y amasijo de vendepatrias.
¿Cuál
es el objetivo del “Grupo Lima”?
Este organismo
de estados supeditados al imperialismo yanqui se formó en agosto 2017 en la
Ciudad de Lima, Perú, bajo las órdenes directas de Washington con la clara y
única intención de crear un cerco en contra de la República Bolivariana de
Venezuela, generando las condiciones mediáticas y políticas internacionales que
justifiquen la intervención extranjera como espaldarazo a la oposición de
derecha que existe al interior de ese país en contra del Chavismo y el gobierno
de Nicolás Maduro.
¿Quiénes
lo componen?
Argentina, gobernado por Mauricio Macri
del partido Propuesta Republicana (PRO) y la alianza “Cambiemos”. Un gobierno tecnócrata, representante de la burguesía
compradora y la oligarquía financiera, sirviente del imperialismo yanqui. Con
claros signos fascistoides que se mostraron desde sus “controversias” constitucionales
en el proceso de entrega-recepción del mandato constitucional, hasta sus
políticas antipopulares que aceleran la crisis económica, descargando con
fuerza su peso sobre las espaldas del proletariado y el campesinado pobre,
principalmente. Precarizando su nivel de vida con recortes de servicios básicos
y derechos del pueblo.
Brasil, gobernado por el
archireaccionario Jair Bolsonaro, proveniente de las altas camarillas
militares, saltimbanqui de la política y actualmente presidente por el Partido
Social Liberal (PSL) de claras tendencias fascistas de viejo cuño como
xenofobia, homofobia, racismo, misoginia, anti-comunismo, etc. que se han
acentuado con el redoblar de la militarización del país y la guerra civil
reaccionaria contra el pueblo. Representante de la burguesía burocrática y el
viejo latifundio, sirviente fiel del imperialismo yanqui.
Canadá, gobernado por Justin Trudeau
del Partido Liberal (PL), representa a las élites de la gran burguesía
imperialista de ese país, la cual está uncida al carruaje del imperialismo
yanqui. Es de recordar que en Canadá existen leyes de excepción racistas contra
los pueblos originarios, que al estilo malthusiano prohíben a los indígenas
tener más de un hijo o hija, así como en contra de migrantes que trabajan en
ese país bajo sus estándares de empleo permitido (sufriendo la explotación
absoluta de su fuerza de trabajo por la condiciones en que este se desarrolla)
y que al solicitar su permiso de residencia les es negado bajo los mismos
criterios de restricción demográfica pero también fisiológica, siendo
rechazadas aquellas personas con hijos o hijas que padezcan enfermedades
congénitas, necesidades educativas especiales y condiciones específicas de vida
como síndrome de Down o Autismo, entre otros. Ni que decir del grado de
represión contra el movimiento obrero o los movimientos estudiantiles y
populares en su interior a manos de la Real Policía Montada de Canadá, que en
esencia es una policía política de estado, una policía militarizada desde su
origen y además, una policía creada para controlar, someter y reducir la
resistencia interna de los pueblos originarios que desde el principio se oponían
a la creación del estado-nación canadiense y la acumulación originaria de
capital a costa del despojo masivo de tierras y territorios.
Chile, gobernado por Sebastián
Piñera del partido fascista Renovación Nacional (RN), representante de la
burguesía compradora y la oligarquía financiera, fiel lacayo del imperialismo
yanqui. Es uno de los hombres más ricos de Chile y del mundo. El gobierno
chileno viene impulsando y sosteniendo a sangre y fuego toda clase de políticas
antipopulares, incluida la política de despojo de tierras y territorios para la
imposición de megaproyectos imperialistas; esto ha redundado en asesinatos de
dirigentes y autoridades tradicionales de los pueblos en resistencia, como el
reciente asesinato de Camilo Catrillanca en manos del “Comando Jungla” formado
por grupos especiales de los Carabineros, que es la policía política de ese
país y actúa como policía militarizada en contra del pueblo.
Colombia, gobernado por el reaccionario
Iván Duque del Partido Centro Democrático (PCD), representante de la burguesía
burocrática y la oligarquía financiera, sirviente eficaz del imperialismo
yanqui. Continuador de la política fascista y contrainsurgente dentro del
territorio nacional y los países vecinos, ha manifestado públicamente respecto
al revisionismo armado de las FARC –hoy vuelto capitulacionismo-liquidacionismo
electorero- que “antes de permitir su partición
en política deben rendir cuentas ante la justicia”, lo que vuelve a
confirmar la imposibilidad e inviabilidad de las “salidas pacíficas, políticas
o negociadas a los conflictos armados” pregonadas por el revisionismo
contemporáneo y el oportunismo de toda ralea.
Costa
Rica, gobernado
por Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción Ciudadana (PAC) representante
de la burguesía burocrática, desarrolla una política asistencialista de
desmovilización, contrainsurgencia y cooptación de organizaciones sindicales,
campesinas y populares para crear una base corporativa útil al viejo estado.
Desde su “lógica” patriotera, mantiene la subordinación del país al
imperialismo yanqui, así como la represión masiva-selectiva contra movimientos
populares en lo específico, como durante la Huelga General de septiembre pasado
donde se violentó la Autonomía de la Universidad Nacional con el ingreso de la
policía a la misma, deteniendo a estudiantes y profesores democráticos.
Guatemala, gobernado por Jimmy Morales
del Frente de Convergencia Nacional (FCN), representante de la burguesía compradora,
el latifundio y las viejas camarillas militares guatemaltecas, instrumento
servil del imperialismo yanqui. Asumió su mandato con el discurso
anticorrupción, y paradójicamente su gobierno ha estado marcado por ésta desde
sus más altas esferas, esto y la implementación de una política económica
enteramente subordinada a los designios del imperialismo ha generado el éxodo
masivo del pueblo guatemalteco en las llamadas “caravanas migrantes” que cruzan
por México para llegar a los EE.UU. Destaca
también el grado de represión contra opositores y movimiento populares a manos
del viejo estado, con prácticas castrenses contrainsurgentes.
Guyana, gobernado por el reaccionario
David Granger, un militar de carrera formado en el extranjero y adoctrinado en
prácticas fascistas. Llega al poder mediante un golpe administrativo, desde la
coalición que controlo la Asamblea Nacional. Representante de los viejos
latifundios, la burguesía burocrática y títere del imperialismo yanqui. Su
política exterior es de permanente agresión y provocación, y su política
interna es represiva, erigiendo un estado militarizado.
Honduras, gobernado por Juan Orlando
Hernández, del Partido Nacional de Honduras (PNH), impuesto mediante fraude
electoral para un segundo periodo presidencial que concluirá hasta 2022.
Representante de la burguesía burocrática, el viejo latifundio y la oligarquía
financiera, señalado por su abierta colusión en temas de corrupción y
narcotráfico. Promotor del estado policiaco-fascista que actualmente padecen
las masas hondureñas, quienes por los altos índices de represión por parte del
viejo estado, y de violencia por parte de los grupos criminales que controlan
el país, así como del desempleo y la pauperización absoluta, han formado un
éxodo masivo que compone el grueso principal de las llamadas “caravanas
migrantes” que atraviesan México con destino a los EE.UU.
Panamá, gobernado por Juan Carlos
Varela del Partido Panañemista (PP) en alianza con el Partido Popular (PP), dos
partidos de filiación fascista, anti-comunista y vende-patrias, que pese a su
discurso patriorero son también responsables de la pérdida de la soberanía
nacional de dicho país y su sujeción al imperialismo norteamericano.
Representan a la burguesía burocrática y el latifundio.
Paraguay, gobernado por Mario Abdo
Benítez de la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado, que es una
formación fascista que no ha dejado el gobierno paraguayo salvo un breve periodo,
convirtiéndose en el partido oficial. Representa a la burguesía burocrática, el
latifundio y es fiel lacayo del imperialismo. El actual presidente también
tiene formación castrense y desarrolla un perfil de estado militarizado,
coartando los derechos del pueblo y desarrollando guerra civil reaccionaria,
especialmente en territorios donde la lucha por la tierra ha adquirido nuevos
escenarios de organización y lucha.
Perú, gobernado por Martín
Vizcarra, en sucesión de Kuczynski luego de su separación del cargo. Garantiza
la continuidad del viejo estado terrateniente-burocrático supeditado al
imperialismo yanqui. Representa a la burguesía compradora y el latifundio. Los
altos niveles de corrupción y desintegración del aparato político del viejo
estado, le ha llevado a plantear salidas que expresan la colusión y pugna con
las otras facciones de la burguesía, tales como el referéndum y la asamblea
constituyente, también pregonadas por el oportunismo y el revisionismo.
Paralelamente el gobierno de Vizcarra desarrolla la política contrainsurgente dictada
por el imperialismo en contra del pueblo, especialmente contra la guerra
popular dirigida por el Partido Comunista del Perú y el Ejército Popular de Liberación.
Al igual que su antecesor depuesto, Vizcarra es lacayo del imperialismo
norteamericano.
Santa
Lucía,
“gobernado” por Allan Chastanet, del Partido Unido de los Trabajadores (PUT)
–aunque nada tiene que ver con la clase trabajadora- pero supeditado a la
Corona Británica, ya que pese a la independencia nacional decretada en febrero
de 1979, aún se considera a la reina de Inglaterra su “jefa de estado” al ser
una monarquía constitucional. El gobierno actual de Santa Lucía representa al
latifundismo y la burguesía compradora, supeditada al imperialismo, donde los
Estados Unidos y Gran Bretaña disputan y comparten en colusión y pugna la
dominación de esta isla.
México, gobernado por Andrés Manuel
López Obrador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), un
amasijo compuesto por exmilitantes del viejo partido oficial (PRI) y la
socialdemocracia de derecha (PRD, PT, PSUM, incluido el viejo y falso PCM). Representa
al sector patriotero de la burguesía burocrática y el latifundio. Pese a
manejar un discurso “progresista y de izquierda” cercano a la socialdemocracia,
en realidad desarrolla una política económica de continuidad que garantiza la
sujeción y supeditación nacional al imperialismo, particularmente yanqui, tanto
con las políticas económicas de inversión arriba señaladas, como con la
implementación de políticas asistencialistas contrainsurgentes y
desmovilizadoras, así como con la
creación de la Guardia Nacional como nuevo cuerpo de ejército para concluir lo
que los gobiernos tecnócratas en turno iniciaron para militarizar el país y
garantizar la maximización de ganancias de la gran burguesía y el imperialismo.
¿Qué
pasa en Venezuela?
Luego de una lucha
de varios años, finalmente en 1999 triunfa por la vía electoral Hugo Chávez y
se inicia con el proceso que hoy se autodenomina “Revolución Bolivariana”, que
en realidad es una suerte de mezcla de haberes entre el oportunismo, el
revisionismo y el reformismo hechos gobierno para representar los intereses de
los sectores patrioteros de la burguesía burocrática de ese país. Con la
creación de la República Bolivariana de Venezuela y la Nueva Constitución, se
va modificando el andamiaje o superestructura del estado, sostenido sobre una
base económica de propiedad de estado con propiedad privada sobre los medios de
producción, supeditados también al imperialismo (Chino y Ruso principalmente). Chávez
logra reelegirse durante cuatro periodos presidenciales y tras su muerte, asume
el cargo vía electoral Nicolás Maduro por medio del partido oficial: el Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como fusión de distintos partidos que le
antecedieron tomando como ideología el llamado “bolivarianismo” y el “socialismo
de siglo XXI” que en realidad no es socialista ni tiene una base ideológica
marxista, por más fraseología revolucionaria con que intenten camuflarlo.
El pasado 20 de
mayo de 2018 hubo nuevas elecciones presidenciales en Venezuela, resultando
ganador Nicolás Maduro para un siguiente periodo, el cual deberá iniciar este
10 de enero, pero la oposición de derecha, concentrada en la Asamblea Nacional
y auspiciada por el imperialismo yanqui, orquestó un escenario de boicot
electoral que inició desde la retirada de la oposición de las elecciones, los
procesos de reportes de incidentes, quejas y recursos administrativos ante el
órgano electoral, y logró escalar hasta escenarios de enfrentamientos y choques
directos con la Guardia Nacional Bolivariana y las organizaciones que respaldan
al gobierno Bolivariano, observándose especialmente la conducta táctica y
organizada de grupos de choque paramilitares bien pertrechados con indumentaria
y armamento de costos popularmente inaccesibles. Es decir: financiados por las facciones
burguesas opositoras y el propio imperialismo yanqui.
¿Cuál
es la posición de los comunistas al respecto?
Es importante
mencionar que para el movimiento comunista internacional, especialmente para
los marxistas-leninistas-maoístas, la República Bolivariana de Venezuela no es
ni representa ningún estado socialista, ni mucho menos un proceso
revolucionario de carácter proletario o popular.
A partir de ello
debemos enfatizar lo dicho por Carlos Marx en su Contribución a la crítica de
la economía política: “En la producción
social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e
independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una
fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El
conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la
sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y
política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El
modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social
política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que
determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su
conciencia”. Esto quiere decir que el modo de producción de una sociedad
determinada condiciona el desarrollo político, jurídico, académico, cultural,
etc. de una sociedad determinada, y al escudriñar y analizar la situación
concreta que se desarrolla en Venezuela (desde su estructura económica) podemos
observar:
1. Los medios de producción no son
propiedad colectiva, aún a pesar de
que una parte de estos es propiedad del
estado. Este razonamiento es proporcional al hecho que el estado venezolano
tampoco es propiamente un estado proletario, ni un estado proletario-popular.
En un sentido estrictico del término, es un estado burgués con características
de una república democrática burguesa, no alineada al imperialismo yanqui, pero
si a otros imperialismos que considera “aliados”.
2.
Justamente
en esta línea de ideas, y al encontrar que solo una parte de los medios de
producción pertenecen al estado y la otra es propiedad privada, (agregando el
hecho de que en Venezuela no existe producción industrial, científica ni tecnológica
propia e independiente) se desarrolla un capitalismo burocrático, dependiente
de esos otros imperialismos “aliados” suyos, que le colocan en un papel
específico dentro de la cadena de producción-dominación imperialista y por
supuesto, de las pugnas inter-imperialistas en desarrollo.
3. La existencia de un régimen de
tenencia de la tierra ambiguo, caduco y contrario a los interés materiales de
las masas populares del campo (campesinos pobres, indígenas y
afrodescendientes) explica las relaciones sociales de servidumbre, basadas en
el trabajo gratuito o esclavo, en el dominio de grandes extensiones de tierras
(disfrazadas o no de cooperativas, agroindustrias, etc.) al servicio de un puñado
de personas (latifundio), entre otros fenómenos que no han dejado de existir en
la sociedad venezolana como el trabajo doméstico, el trabajo de peones con pago
a destajo, la remuneración por propinas, la prostitución, la trata de personas,
etc. como expresiones de la semifeudalidad subsistente y matrona de un
capitalismo burocrático, anquilosado e irracional.
Esta base
estructural se presenta maquillada ante los ojos del proletariado y las amplias
masas populares de Venezuela y el mundo como “socialismo de Siglo XXI”,
haciéndoles creer que las “conquistas de la revolución bolivariana” representan
ese socialismo “nuevo” pregonado por el chavismo y Maduro.
Si no logra
encajar dialécticamente y científicamente el socialismo venezolano con el modo
de producción venezolano (es decir: la superestructura con la estructura) es
simplemente porque no se corresponden. No puede haber un gobierno socialista
donde existe un viejo estado burocrático burgués-terrateniente.
Dicho sin mayor
tapujo: en Venezuela no existe el socialismo, al menos no socialismo científico.
Pero eso no
significa, por supuesto, que el movimiento comunista internacional, y
principalmente los marxistas-leninistas-maoístas, dejemos de solidarizarnos con
la clase obrera y el pueblo de Venezuela, que luchan por defender sus derechos
más elementales, incluida la soberanía nacional, su derecho a la
autodeterminación y a que ningún país intervenga en sus asuntos internos.
¿Esto
qué significa?
Que los
comunistas marxistas-leninistas-maoístas ejercitamos el principio del
internacionalismo proletario y el anti-imperialismo como praxis irrenunciable
en nuestra lucha de clases al interior de cada país y en la perspectiva de la
revolución proletaria mundial. Como comunistas defendemos la viabilidad de la
construcción del socialismo en un solo país como parte de la revolución
proletaria mundial, la cual se desarrolla de manera desigual pero dentro de la
perspectiva de alcanzar el comunismo a nivel internacional, y en ese sentido,
se hace indispensable desarrollar la lucha contra el imperialismo
indisolublemente ligada a la lucha contra el oportunismo y el revisionismo
contemporáneo. Es decir: no podemos callar nuestra crítica al oportunismo y al
revisionismo bolivariano en aras de la diplomacia burguesa precisamente porque
el proletariado internacional y los pueblos oprimidos del mundo requerimos desatar
tempestades, sacudirnos del imperialismo y todos sus lacayos y avanzar a la
conquista del poder para construir una nueva sociedad.
Sostenemos
efectivamente que el proletariado y las masas populares de Venezuela tienen
conquistas que defender, como producto de su ejemplar lucha y deben hacerlo
arrancando nuevas conquistas al gobierno bolivariano, emprendiendo una férrea
defensa de la soberanía venezolana en contra de las intentonas
intervencionistas del imperialismo yanqui, pero también de otros imperialismos,
es decir: se debe luchar por una Revolución de Nueva Democracia, agraria y
anti-imperialista, que destruya las bases de la semifeudalidad sobre las cuales
descansa y que destruya la dominación imperialista recordando que no existen
imperialismos “aliados” en la lucha por la emancipación proletaria.
En esa tesitura,
consideramos importante marcar posición respecto a la oposición de derecha en
Venezuela, que es en esencia una oposición burguesa liderada por su facción más
reaccionaria, fascista y vendepatrias. ¡No se puede brindar ningún respaldo a
quienes organizan, financian y adiestran rebeliones de derecha para entregar
ese país a manos del imperialismo yanqui! ¡Tampoco se puede respaldar a quienes
trafican con los intereses del proletariado y el pueblo trabajador, utilizando
fraseología revolucionaria, para entregar ese país a manos de otros
imperialismos!
Creemos que la
clase obrera de Venezuela, al igual que en el resto de países oprimidos tiene
la irrenunciable tarea de emprender la Revolución de Nueva Democracia,
ininterrumpida hacia el Socialismo, entendido este como el modo de producción donde los
medios de producción (fábricas, banca, servicios, recursos naturales, etc.)
sean propiedad colectiva en manos del estado proletario que edifique,
desarrolle y defienda la Dictadura del Proletariado por medio de Revoluciones
Culturales Proletarias para evitar la restauración capitalista-imperialista.
Esto solo será
posible mediante la reconstitución del Partido Comunista de Venezuela como partido
proletario de nuevo tipo, vanguardia de la clase obrera organizada y partido
comunista militarizado, pertrechado con la ciencia del
marxismo-leninismo-maoísmo para estallar y conducir la guerra popular como
estrategia militar universal del proletariado.
La clase obrera,
los trabajadores de la ciudad y el campo, las capas más profundas de la
población pueden comprender bien la necesidad de una alianza táctica para
enfrentar la contradicción principal. Esto es cierto, por ello nuestra defensa
del proletariado y las masas populares de Venezuela que luchan por defender sus
conquistas dentro de la República Bolivariana.
Pero también es
imperativo aclarar: nosotros no defendemos la República Bolivariana,
defendemos, eso sí, el derecho de la libre determinación de los pueblos y la no
intervención en su soberanía nacional, no para que otros “no se metan en nuestros asuntos”, sino porque es parte indisoluble
de la lucha contra el imperialismo, y en este momento en el ámbito
internacional, la contradicción principal es entre el imperialismo y los
pueblos oprimidos, como Venezuela y México.
Por ello
enfatizamos en que no existen imperialismos buenos e imperialismos malos,
existe el imperialismo, y este como todos los reaccionarios son tigres de
papel. Parecen terribles,
pero en realidad no son tan poderosos. Visto en perspectiva, no son los
reaccionarios sino el pueblo quien es realmente poderoso, justo como lo dijo y demostró
el Presidente Mao Tse Tung.
¡Proletarios y pueblos
oprimidos de todos los países, uníos!
